Compañías extractivas que llevan a cabo iniciativas de cobre en Argentina han pedido al gobierno nacional prolongar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), sosteniendo que el tiempo de vigencia actual, que finaliza el 8 de julio de 2026, no es suficiente para que varias operaciones puedan incorporarse y aprovechar este marco legal.
Durante la reciente Conferencia Internacional Argentina Cobre, celebrada en la provincia de San Juan, representantes de firmas con proyectos en etapas avanzadas de exploración expresaron su inquietud por los tiempos restrictivos del régimen. Según manifestaron, la naturaleza de los desarrollos cupríferos, que requieren años de estudios, evaluaciones ambientales, planificación financiera e infraestructura, no se condice con la ventana temporal acotada que ofrece el RIGI.
Uno de los principales proyectos en cuestión es Los Azules, liderado por McEwen Copper, que prevé una inversión total cercana a los 2.700 millones de dólares. Su vicepresidente, Michael Meding, advirtió que, pese a los esfuerzos realizados, el trámite para la incorporación al régimen aún no ha sido aprobado, en parte por los plazos administrativos y limitaciones temporales. Afirmó que muchos inversores son reticentes a seguir apostando por desarrollos sin certeza normativa a largo plazo, especialmente en contextos tan cambiantes como el argentino.
Desde Altar, uno de los destacados proyectos de la zona, se expresó una preocupación similar. Javier Robeto, uno de los directores, destacó que la mayoría de los proyectos de cobre, excepto algunas excepciones, podrían quedar fuera del sistema. Según sus declaraciones, “si la ventana del RIGI se cierra prematuramente, la viabilidad de los proyectos actuales se disminuye considerablemente”.
El RIGI, promovido por el gobierno como una sección del conjunto de cambios económicos, se creó para incentivar significativas inversiones a través de ventajas fiscales y aduaneras, proporcionando estabilidad fiscal durante 30 años, disminución de tasas impositivas, libre acceso a divisas y acceso a mecanismos de arbitraje internacional. No obstante, su implementación requiere que los proyectos puedan acogerse antes del plazo estipulado, lo cual no todos pueden asegurar.
San Juan se posiciona como la provincia más relevante en cuanto al desarrollo cuprífero, con iniciativas como Vicuña, Altar y Los Azules. La presión del sector privado apunta ahora a que el gobierno contemple una ampliación del régimen o bien habilite nuevas rondas de adhesión más allá de 2026.
La minería del cobre es considerada estratégica para Argentina, no sólo por el potencial de exportación sino por el creciente protagonismo del mineral en la transición energética mundial. Desde el cierre de la mina La Alumbrera en 2018, el país no registra producción cuprífera activa, aunque se estima que entre seis y ocho proyectos de clase mundial podrían entrar en operación hacia fines de la década.
El objetivo oficial es multiplicar las exportaciones del sector, llevándolas de los niveles actuales a un rango estimado entre 7.000 y 12.000 millones de dólares anuales para 2032. Esto permitiría, además, duplicar los empleos directos e indirectos asociados a la minería, alcanzando cerca de 200.000 puestos de trabajo. No obstante, sin un marco regulatorio estable y con incentivos sostenidos, los actores del sector advierten que esas metas podrían volverse inalcanzables.
Paralelamente, el gobierno ha progresado en otros aspectos normativos, tales como la simplificación de los procesos mineros y la actualización del sistema de información geológica. A través de un reciente decreto, se han cedido competencias técnicas al Servicio Geológico Minero Argentino y se han reducido los requisitos que anteriormente demoraban la aprobación de inversiones.
Pese a estos avances, persiste preocupación por la presión fiscal. La Cámara Argentina de Empresas Mineras ha advertido que el aumento de regalías y otros tributos podría disuadir a potenciales inversores. Actualmente, la carga impositiva efectiva en el sector ronda el 50 %, uno de los niveles más altos a nivel internacional.
La solicitud de las empresas mineras de cobre presenta un desafío para las decisiones gubernamentales: si el sistema no se expande, numerosos proyectos podrían quedar excluidos del entorno que asegura constancia y previsibilidad. Para los industriales del ámbito, esta elección podría ser crucial entre afianzar un nuevo periodo de crecimiento minero o perder la ocasión de colocar a Argentina como una figura importante en la industria mundial del cobre.
