Con el objetivo de aliviar las tensiones políticas y restablecer relaciones con sectores clave, el Gobierno nacional ha optado por retrasar la promulgación de los vetos informados sobre la reciente Ley Bases, mientras busca abrir espacios de diálogo con los gobernadores. Esta estrategia pretende, principalmente, obtener tiempo en un contexto de mayor división legislativa y presión desde varias provincias, donde el oficialismo requiere reconstruir respaldos para seguir adelante con su plan de reformas.
La postergación de los vetos, que el Ejecutivo había anticipado luego de que se introdujeran modificaciones en el Senado contrarias a sus intereses, responde a una evaluación política: forzar el conflicto en este momento podría aislar aún más al Gobierno en el Congreso. Por ello, se optó por abrir un compás de espera que permita retomar conversaciones con mandatarios provinciales, especialmente con aquellos que habían acompañado en parte los proyectos del Ejecutivo pero se distanciaron tras los últimos cruces legislativos.
Desde Casa Rosada se admite que el balance de poder en ambas cámaras del Congreso es frágil y que cada votación demanda una estrategia política precisa. El ambiente de conflicto que surgió tras la aprobación inicial, y que se intensificó con el retorno de la ley modificada desde el Senado, causó un deterioro significativo en la relación del Ejecutivo con varios líderes provinciales, incluso aquellos que pertenecen a coaliciones aliadas o que habían mostrado interés en cooperar.
Ahora, el oficialismo apuesta por contener daños y construir una nueva etapa de diálogo. Según fuentes cercanas al gabinete, el presidente instruyó a sus ministros a buscar acercamientos con gobernadores a través de una agenda económica compartida. Se ofrecerían compensaciones fiscales, acceso a financiamiento para obras de infraestructura y la posibilidad de incluir reclamos provinciales dentro de un nuevo paquete de leyes que se presentaría en el segundo semestre.
El Ejecutivo no descarta vetar algunos artículos puntuales de la Ley Bases, como los vinculados al régimen de promoción de inversiones o la redistribución de recursos, pero busca hacerlo dentro de un marco negociado y no como una imposición unilateral. El riesgo de volver a escalar el conflicto político en un contexto de alta inflación, caída de la actividad y tensiones sociales podría impactar negativamente en los mercados y, sobre todo, en la gobernabilidad.
Los mandatarios regionales han expresado su inquietud acerca de la dirección de la economía y la incertidumbre en las remesas del gobierno central. Algunos de ellos demandan una participación más activa en la formulación de estrategias fiscales y el respeto a los convenios ya establecidos. Si bien no se ha constituido un grupo cohesionado de líderes opositores, existe un consenso en solicitar un diálogo institucional más fluido y una estrategia más definida para la recuperación económica de las regiones.
La búsqueda de una tregua con los líderes provinciales también responde a la necesidad del Gobierno de mostrar señales de estabilidad política ante los organismos internacionales de crédito y sectores empresariales. En este sentido, el retraso de los vetos podría interpretarse como un gesto de racionalidad institucional, que permita recomponer canales de interlocución con actores clave del sistema federal.
En paralelo, la Jefatura de Gabinete trabaja en una hoja de ruta legislativa que permita recuperar la iniciativa perdida tras los reveses parlamentarios. Entre los temas prioritarios figuran la reforma laboral, la modernización administrativa, la reestructuración del sistema previsional y un nuevo esquema de distribución de subsidios. Todas estas iniciativas requerirán acuerdos amplios que solo podrán alcanzarse mediante una negociación política con gobernadores y bloques parlamentarios.
El escenario actual exige que el oficialismo equilibre determinación con practicidad. Aunque el propósito de implementar reformas profundas continúa, también es esencial restaurar la legitimidad y la habilidad de gobernar. Dentro de este contexto, la demora en los vetos no indica un desvío en la dirección, sino un ajuste estratégico en un entorno político inestable.
El desafío, en definitiva, será sostener la gobernabilidad sin ceder el impulso reformista. Para ello, el Gobierno necesita restablecer relaciones estratégicas con los mandatarios provinciales y garantizarse los votos necesarios en el Congreso. La política, como siempre, exige tanto decisiones firmes como capacidad de escuchar.
