El presidente Javier Milei ha manifestado el comienzo del proceso para privatizar Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), la compañía estatal responsable de suministrar agua potable y sistemas de alcantarillado en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa, comunicada por el portavoz presidencial Manuel Adorni, es parte de un proyecto gubernamental más extenso destinado a disminuir la dimensión del Estado y trasladar empresas públicas al ámbito privado.
Información sobre el proceso de privatización
De acuerdo con el plan propuesto, el Estado cederá el 90% de las acciones de AySA al sector privado, manteniendo el 10% restante en posesión de los trabajadores de la compañía mediante un programa de propiedad compartida. Adorni sostuvo que esta privatización facilitará la modernización del sector y elevará la calidad del servicio, mencionando como motivos la urgencia de disminuir el gasto estatal y optimizar la eficiencia en las operaciones.
Contexto financiero de AySA
AySA ha atravesado problemas financieros en los años recientes. Desde 2006 hasta 2023, la compañía necesitó aportes del Tesoro argentino que excedieron los 13.400 millones de dólares. También, el número de empleados aumentó un 90% bajo el control estatal, y la tasa de impago de los clientes llegó al 16%, en comparación con el 4% promedio observado antes. Estos datos han sido mencionados como razón para optar por la privatización de la empresa.
Opiniones y inquietudes
La venta de AySA al sector privado ha suscitado múltiples opiniones tanto en la comunidad como en el entorno político. Los sindicatos han manifestado inquietud debido a la potencial disminución de puestos laborales y la posible afectación en la calidad del servicio al estar en manos privadas. De igual manera, diversas entidades de la sociedad civil han señalado los peligros de que la disponibilidad de agua potable llegue a ser solo accesible para quienes puedan costearlo, en lugar de ser un derecho de todos.
Pasos siguientes
El ejecutivo ha anunciado que el procedimiento de privatización se efectuará a través de una licitación pública tanto nacional como internacional para escoger a un operador estratégico. Asimismo, se considera la opción de realizar una oferta pública inicial para permitir que el capital de la compañía esté disponible para otros inversores. Se anticipa que este proceso se culminará en los próximos meses, con la meta de que la privatización se materialice antes de que termine el año 2026.
Esta medida se enmarca dentro de un plan más amplio del gobierno de Milei para reducir el tamaño del Estado y transferir empresas públicas al sector privado. En los últimos meses, ya se han privatizado otras empresas estatales, como la metalúrgica Impsa, vendida a la estadounidense Arc Energy, y Energía Argentina S.A. (Enarsa), que suministra gas y electricidad a todo el país.
