El Poder Ejecutivo avanzó con una reforma profunda en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), mediante la publicación del decreto 462/2025, que modificó sustancialmente el funcionamiento de esta institución clave para el sector agroindustrial argentino. La medida forma parte de un proceso más amplio de reorganización del Estado y representa un punto de inflexión en la estructura científica y técnica nacional.
La modificación más trascendental es la pérdida de autonomía del INTA, que desde sus inicios funcionaba con independencia administrativa, financiera y operativa. Desde este momento, el organismo estará bajo la jurisdicción de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, como un ente desconcentrado. Esta subordinación hará que su dirección esté a cargo de un presidente con rango de secretario de Estado, nombrado directamente por el Poder Ejecutivo, mientras que su junta directiva será sustituida por un Consejo Técnico de naturaleza honoraria y sin funciones vinculantes.
El gobierno justifica su decisión en la necesidad de aumentar la eficiencia del estado. Análisis técnicos indicaban un crecimiento excesivo en la estructura del INTA, que contaba con más de 6.000 trabajadores, más de 900 puestos de liderazgo, una flota que superaba los 2.400 vehículos y una extensa red de servicio que incorporaba más de 1.600 líneas de teléfonos móviles. De acuerdo con el Ejecutivo, solo una minoría de las más de 100.000 hectáreas gestionadas por el organismo estaba siendo realmente empleada para propósitos productivos o de investigación.
Junto con la reforma del INTA, se dispuso la disolución del Instituto Nacional de Semillas (Inase), cuyas funciones pasarán a depender de la Secretaría de Agricultura. El control y fiscalización del mercado de semillas, que hasta ahora tenía un organismo específico, será delegado a un comité asesor integrado por representantes públicos y privados, sin atribuciones ejecutivas.
El conjunto de acciones también impactó a otras entidades como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que pasará por una reestructuración similar, dejando su dirección compartida para estar bajo el control de la Secretaría de Industria y Comercio. La intervención en estos organismos se inscribe en una política general de reducción del Estado, que contempla la eliminación de estructuras que el gobierno considera innecesarias o ineficientes.
Entre los fundamentos de las reformas se destacan tres ejes: eliminar estructuras sobredimensionadas, mejorar el control administrativo y enfocar los organismos técnicos en actividades concretas de impacto productivo. En línea con esta orientación, se busca reducir la cantidad de proyectos con orientación social, teórica o sin retorno económico inmediato, y priorizar aquellas acciones que deriven en beneficios tangibles para la economía.
Desde el sector científico y académico, la respuesta fue crítica. Científicos y expertos advirtieron acerca de la pérdida de autonomía y la desmantelación de capacidades que se han desarrollado durante años. Además, se manifestó inquietud sobre la potencial politización de los propósitos institucionales y la disminución en la calidad de la investigación aplicada, fundamental para el progreso agropecuario del país.
La reestructuración forma parte de una ola más amplia de reformas en el sistema estatal. A lo largo de los últimos meses, el Ejecutivo ha disuelto o reducido la operatividad de organismos como el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Inafci), el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI). Según la visión oficial, se trata de eliminar duplicidades y simplificar estructuras para reducir el gasto público.
Los desafíos que se presentan son múltiples. En el plano administrativo, las nuevas dependencias deberán redefinir procedimientos, asignaciones presupuestarias y esquemas de gestión. A nivel político, se prevén resistencias tanto gremiales como judiciales, en un contexto de fuerte polarización. Y en el terreno técnico, la incógnita es si los nuevos formatos permitirán sostener el nivel de innovación y asistencia técnica que requieren los sectores productivos del país.
Con estas medidas, el Gobierno apuesta a una profunda transformación del modelo institucional que rigió el desarrollo científico y productivo durante décadas. La intención de optimizar recursos y controlar de manera más directa las políticas públicas se enfrenta, sin embargo, al riesgo de debilitar capacidades estratégicas en áreas clave para el desarrollo nacional.