El Gobierno nacional está finalizando los detalles de un decreto que pondrá en marcha una significativa reforma estructural en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), una de las instituciones científicas más importantes del país en cuanto a desarrollo rural y tecnología aplicada al sector agroindustrial. Esta propuesta es parte del plan oficial para reorganizar el Estado e incluye, entre otras acciones, la incorporación del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) en el marco institucional del INTA.
La acción, que se oficializará a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), tiene como objetivo reorganizar las funciones y responsabilidades del organismo agropecuario, dándole más atribuciones y reuniendo en su estructura habilidades previamente repartidas en otras áreas. Con esta resolución, el Ejecutivo pretende unificar los enfoques de investigación y desarrollo en torno al sector productivo rural, siguiendo una lógica de centralización que, según argumenta el oficialismo, permitiría «mejorar la eficiencia y evitar la duplicación de tareas».
El plan ha provocado opiniones variadas en diferentes ámbitos relacionados con el sistema científico y productivo. Por un lado, ciertos representantes de la agroindustria están atentos a la potencial consolidación del INTA como pilar de la innovación en el sector agropecuario. Por otro lado, hay quienes manifiestan inquietud por el futuro del INIDEP, entidad dedicada a la investigación de los recursos pesqueros y marinos, destacada por su trayectoria científica en el país y en el exterior.
Actualmente, el INIDEP opera con base en Mar del Plata y cuenta con un plantel técnico de alta especialización. Su trabajo ha sido clave para determinar cuotas de pesca, evaluar el estado de los recursos ictícolas y generar datos críticos para la sustentabilidad del sector pesquero argentino. La posible integración del instituto dentro del INTA genera interrogantes sobre la autonomía de sus líneas de investigación, los recursos asignados y el mantenimiento de su infraestructura científica.
Desde el Ministerio de Capital Humano, área que quedará a cargo del rediseño institucional, se ha indicado que la medida buscará preservar las capacidades técnicas de ambos organismos, pero adecuándolas a una nueva lógica de funcionamiento del Estado. En ese sentido, se evalúa reestructurar direcciones, fusionar programas y redefinir líneas de financiamiento, bajo criterios de “racionalización” y “eficiencia operativa”.
A nivel político, la decisión se enmarca en una etapa del Gobierno caracterizada por una fuerte ofensiva reformista en distintos organismos estatales. La reciente modificación del directorio del INTA, que ahora contempla una menor representación de sectores productivos, científicos y provinciales, anticipa el rumbo que se pretende imprimir a la entidad. Con el nuevo diseño, el Poder Ejecutivo tendrá mayor margen para definir objetivos y estrategias, desplazando parcialmente la participación multisectorial que tradicionalmente ha caracterizado al instituto.
En los días próximos, el decreto se publicará en el Boletín Oficial, previendo que su puesta en marcha inicie sin demora. Entretanto, gremios del sector público, asociaciones de científicos y empleados del INIDEP han iniciado la organización de actividades para dar visibilidad y resistir ante lo que perciben como una posible «disolución oculta» del ente en Mar del Plata.
El INTA, con más de sesenta años de trayectoria, ha sido un pilar en la investigación aplicada al sector agropecuario en Argentina, estando presente en todas las áreas del país. Su colaboración con universidades, cooperativas, empresas y gobiernos provinciales ha sido clave para avanzar en tecnologías con un impacto significativo tanto en la producción como en lo social. La inclusión del INIDEP en su estructura, aunque significa una expansión de sus funciones, también implica el reto de mantener la especialización científica de cada ámbito de conocimiento.
Este cambio no solo transforma el esquema institucional del Estado en el campo de ciencia y tecnología, sino que también inicia una discusión intensa sobre el modelo de generación de conocimiento público y el papel del Estado como coordinador de políticas para el desarrollo sostenible. Para numerosos participantes del sector, el impacto real de esta reforma dependerá menos del contenido del decreto y más de la disposición política y financiera con la que se lleve a cabo en los meses venideros.
